Un proyecto de salmonicultura industrial generó una fuerte división entre los habitantes de las Islas Malvinas y abrió un reclamo para que su desarrollo sea sometido a un referéndum.

La iniciativa es impulsada por Unity Marine, una empresa conjunta de la pesquera local Fortuna y la firma danesa F-land ApS. El proyecto contempla producir hasta 50.000 toneladas de salmón por año en 16 sitios del archipiélago y, de concretarse, se convertiría en el mayor desarrollo industrial costero de la historia de las islas.

El plan promete un importante impacto económico para una comunidad de alrededor de 3.500 habitantes. Una evaluación encargada por el gobierno isleño estimó que una producción de 30.000 toneladas anuales podría generar unos 35 millones de libras por año y 133 puestos de trabajo.

Sin embargo, la propuesta despertó cuestionamientos de organizaciones ambientalistas y residentes. Salmon Free Falklands (SFF) reclama que la decisión final sea tomada mediante una consulta popular y cuestiona la información utilizada para evaluar los posibles efectos de la actividad.

Reclaman mayores estudios ambientales

Entre las principales preocupaciones aparece el impacto que podrían generar los residuos de las explotaciones sobre el ecosistema marino. Las aguas que rodean el archipiélago albergan una amplia diversidad de especies, entre ellas krill, calamares, lobos y elefantes marinos, delfines, ballenas y distintas especies de pingüinos.

Desde la organización opositora también advierten que todavía no estaría determinada mediante estudios científicos suficientes la capacidad del ecosistema para soportar una actividad de esta magnitud.

Otra de las inquietudes está vinculada con el manejo de eventuales mortalidades masivas de peces y la disposición de los residuos en un territorio remoto.

El gobierno isleño, en tanto, tomó distancia de las posiciones enfrentadas y aseguró que no respalda ni rechaza la salmonicultura. Según explicó, los estudios que forman parte del proceso buscan analizar distintos escenarios y aportar información al debate público, pero no constituyen una autorización definitiva para desarrollar el proyecto.

Una consulta que estará abierta hasta octubre

El proceso de consulta pública comenzó el 7 de agosto y permanecerá abierto hasta el 30 de octubre. Los sectores que se oponen a la iniciativa consideran que este mecanismo no alcanza y reclaman una votación que permita a los habitantes de las islas decidir directamente sobre el futuro de la actividad.

La discusión se suma al debate sobre otros proyectos de explotación de recursos en el archipiélago y vuelve a poner en primer plano la tensión entre las expectativas de crecimiento económico y la preservación del ecosistema marino.