La decisión del Gobierno nacional de retirar el capítulo de la Ley de Tierras que proponía flexibilizar la venta de campos a extranjeros generó fuertes tensiones dentro de la Casa Rosada. La marcha atrás, adoptada para evitar una derrota legislativa en el Senado, derivó en reproches internos y una búsqueda de responsables por el traspié político.

De manera oficial, el Ejecutivo apuntó contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien distintos sectores del oficialismo responsabilizan por el complejo escenario parlamentario. Sin embargo, puertas adentro también surgieron cuestionamientos hacia otros referentes del Gobierno, entre ellos Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger y los hermanos Martín y Eduardo Menem, por el manejo de las negociaciones con los bloques aliados.

La iniciativa formaba parte del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y, en su versión original, eliminaba los límites para la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. Ante la falta de respaldo político, el oficialismo primero intentó reducir el alcance de la reforma elevando el tope del 15% al 25%, pero finalmente decidió retirar por completo ese capítulo para preservar el resto del proyecto.

El Senado retomará este jueves el tratamiento de la iniciativa, aunque ya sin el apartado referido a la venta de tierras a extranjeros. Permanecen en debate otros puntos del proyecto, como las modificaciones al régimen de expropiaciones, los desalojos más ágiles y cambios en la Ley de Manejo del Fuego.

Mientras tanto, el episodio dejó al descubierto las dificultades del oficialismo para reunir mayorías legislativas y reavivó las diferencias internas sobre la estrategia política para impulsar las principales reformas del Gobierno.