El Gobierno nacional intensifica las negociaciones en el Senado con el objetivo de que la Cámara alta avance en el tratamiento de la denominada ley Hojarasca y comience a debatir la reforma electoral, dos de las principales iniciativas impulsadas por la administración del presidente Javier Milei.

La vicepresidenta Victoria Villarruel convocó para este miércoles a una reunión de Labor Parlamentaria, integrada por los presidentes de bloque, con el propósito de definir el temario de la sesión prevista para el próximo 16 de julio. En paralelo, el oficialismo espera las definiciones de su mesa política para terminar de delinear la estrategia legislativa.

Entre los proyectos prioritarios figura la ley Hojarasca, elaborada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que propone derogar alrededor de 70 normas consideradas obsoletas o sin vigencia. También se buscará avanzar con la iniciativa sobre la inviolabilidad de la propiedad privada, cuyo texto fue modificado respecto de la versión original para incorporar cambios relacionados con la Ley de Tierras, las expropiaciones, los desalojos y el manejo del fuego.

Otro de los ejes de la negociación es la reforma electoral, que incluye la eliminación de las PASO, modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos y la incorporación de la figura de Ficha Limpia para las candidaturas. Sin embargo, el proyecto aún no reúne las mayorías especiales que exige la Constitución para modificar la legislación electoral, por lo que el Ejecutivo mantiene conversaciones con gobernadores y bloques dialoguistas para alcanzar consensos.

En ese marco, el oficialismo analiza una alternativa que permitiría habilitar listas colectoras en las elecciones nacionales, junto con ajustes a la Boleta Única de Papel. La propuesta busca destrabar el debate y acercar posiciones con sectores de la oposición que acompañan la suspensión de las elecciones primarias.

La agenda legislativa también contempla otras iniciativas económicas impulsadas por el Ejecutivo, entre ellas la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el tratamiento del denominado "super-RIGI" y una nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal, que el Gobierno prevé enviar al Congreso en las próximas semanas.