El oficialismo logró la media sanción con el apoyo de bloques aliados como el PRO, la UCR, el MID y otros espacios provinciales. En contra se pronunciaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y Provincias Unidas, mientras que algunos diputados se abstuvieron.
El régimen contempla incentivos tributarios, cambiarios y aduaneros, entre ellos:
Impuesto a las Ganancias reducido al 15%.
Amortización acelerada de inversiones en bienes muebles e infraestructura.
Alícuota del 3,5% sobre dividendos y utilidades.
Arancel cero para importaciones y retenciones 0% en exportaciones.
Estabilidad regulatoria por 30 años.
Además, se incorporaron cláusulas que obligan a presentar planes de desarrollo de proveedores locales (con al menos un 20% de adquisiciones en el mercado interno) y estudios técnicos que garanticen la sustentabilidad de los recursos naturales y el impacto ambiental. El oficialismo defendió el proyecto como una herramienta para atraer capitales y desarrollar industrias que aún no existen en el país. “Son incentivos fiscales, cambiarios y aduaneros para las industrias del futuro”, señaló Bertie Benegas Lynch, presidente de la comisión de Presupuesto.
Desde la oposición, las críticas se centraron en la pérdida de recursos fiscales y la cesión de soberanía al permitir que las empresas litigen en tribunales internacionales. “Argentina necesita inversiones, pero no resignar desarrollo ni convertir a nuestras provincias en territorios de extracción”, advirtió Victoria Tolosa Paz.
El proyecto ahora deberá ser tratado en el Senado, donde se definirá si el Super RIGI se convierte en ley y se pone en marcha como un régimen de promoción para las llamadas “industrias del futuro”.
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