Las provincias argentinas volvieron a registrar déficit fiscal durante 2025, revirtiendo el escenario de superávit que habían alcanzado en 2024 y encendiendo señales de alerta entre gobernadores y especialistas en finanzas públicas.
De acuerdo con un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el consolidado de las provincias cerró el año pasado con un déficit primario de aproximadamente $380.000 millones y un resultado financiero negativo cercano a los $3,6 billones, marcando un fuerte deterioro respecto del ejercicio anterior.
El estudio señala que los ingresos corrientes provinciales crecieron apenas un 3,1% en términos reales durante 2025, mientras que los gastos avanzaron a un ritmo mayor. Esta diferencia terminó erosionando el equilibrio fiscal alcanzado tras el fuerte ajuste aplicado durante 2024.
Entre las principales causas del deterioro aparecen la desaceleración de los recursos tributarios, la menor asistencia nacional mediante transferencias discrecionales y la recuperación del gasto provincial en un año marcado por mayores demandas de inversión y funcionamiento estatal.
Los análisis económicos coinciden en que el repunte de la coparticipación observado en algunos meses de 2026 ofrece cierto alivio, aunque todavía resulta insuficiente para compensar la caída acumulada de recursos y garantizar una mejora sostenida de las cuentas públicas provinciales.
Especialistas advierten que, de no mediar nuevas medidas de contención del gasto o una recuperación más firme de la actividad económica, gran parte de las jurisdicciones podría continuar exhibiendo desequilibrios fiscales durante este año.
El panorama contrasta con la situación de la administración nacional, que mantiene como eje central de su política económica la búsqueda del superávit fiscal, generando una brecha cada vez más marcada entre las cuentas de la Nación y las de las provincias.
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