El Gobierno nacional avanza en negociaciones con las universidades públicas con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita cerrar el conflicto por el financiamiento del sector antes de que la Corte Suprema de Justicia emita un fallo sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La estrategia oficial contempla presentar una propuesta económica que incluya partidas presupuestarias para el sistema universitario a cambio de que las instituciones retiren la medida cautelar que actualmente se encuentra bajo análisis del máximo tribunal. De prosperar la iniciativa, el Ejecutivo evitaría una resolución judicial que podría obligarlo a desembolsar una suma estimada en alrededor de 2,5 billones de pesos.

El conflicto se originó tras la negativa del Gobierno a aplicar plenamente la Ley de Financiamiento Universitario, una norma aprobada por el Congreso que establece la actualización de salarios docentes, becas estudiantiles y gastos de funcionamiento de las casas de estudio. La cuestión ya tuvo fallos favorables a las universidades en instancias judiciales previas, pero el Ejecutivo apeló y la definición quedó en manos de la Corte Suprema.

Mientras continúan las conversaciones, el clima de tensión en el ámbito académico se mantiene. Durante las últimas semanas se multiplicaron las protestas, las clases públicas y las medidas de fuerza impulsadas por docentes y estudiantes, quienes reclaman el cumplimiento de la legislación vigente y una recomposición presupuestaria que permita garantizar el funcionamiento del sistema universitario.

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional señalaron que todavía no recibieron una oferta formal, aunque reconocieron la existencia de gestiones para acercar posiciones. El resultado de esas negociaciones podría ser determinante para evitar que el conflicto continúe escalando en los tribunales y en las calles.

La disputa tiene además un fuerte impacto económico. Las universidades sostienen que los fondos asignados para 2026 resultan insuficientes para cubrir salarios, infraestructura, becas y funcionamiento general, mientras que el Gobierno argumenta que cualquier incremento debe compatibilizarse con la meta de equilibrio fiscal.