Ante la filtración, el ministro de Economía, Luis Caputo, buscó minimizar el impacto argumentando que los préstamos a "personas vinculadas al Gobierno" representaban menos del 0,2% del total de la cartera. Sin embargo, las entidades financieras no utilizan esa definición informal, sino el rótulo técnico e institucional de PEP, bajo el cual el Banco Nación terminó reconociendo las 1.120 operaciones citadas.
Cambio de normativa y denuncia judicial
Otro punto central del debate radica en las modificaciones que implementó el Banco Nación, bajo la gestión de Javier Milei, a su línea hipotecaria "+ Hogares".
En septiembre de 2024, la entidad actualizó su reglamentación interna (Resolución 802) para incorporar de forma explícita a los "cargos políticos designados por resolución o electivos" como potenciales beneficiarios, un segmento que no figuraba de esa manera en los requisitos de la gestión anterior.
A raíz de estos cambios y de los montos otorgados, la diputada nacional Mónica Frade presentó una denuncia penal. Tras un conflicto de competencia en los tribunales, la causa quedó radicada en el juzgado federal comandado por la jueza María Eugenia Capuchetti, quien deberá determinar si existieron irregularidades o favoritismos en el otorgamiento de los fondos estatales.