La Justicia confirmó el decomiso de bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos y el empresario Lázaro Báez en el marco de la causa Vialidad, donde se investigaron irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz.

La decisión judicial ratifica el avance sobre propiedades, cuentas y otros activos considerados parte del perjuicio económico ocasionado al Estado durante los gobiernos kirchneristas. La medida también alcanza a Máximo y Florencia Kirchner, quienes aparecen vinculados patrimonialmente en la investigación.

El fallo fue dictado por la Cámara Federal de Casación Penal, que rechazó planteos de las defensas y dejó firme el decomiso dispuesto tras la condena por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

La causa Vialidad investigó el direccionamiento de obras viales a favor de empresas vinculadas a Báez, principalmente en la provincia de Santa Cruz. Según la Justicia, existió una estructura destinada a beneficiar al empresario mediante licitaciones irregulares y sobreprecios.

La resolución representa un nuevo revés judicial para la exmandataria, quien ya había sido condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, aunque la sentencia todavía no quedó firme porque continúa en instancias de revisión.

Además del decomiso, la Justicia mantiene bajo análisis distintos movimientos patrimoniales y financieros relacionados con los acusados, mientras avanzan otras causas vinculadas a presuntos hechos de corrupción.