Desde entonces, la fiscalía coordinó múltiples medidas para reconstruir lo ocurrido y dar con el paradero de la niña. Entre otras diligencias, requirió tareas al Departamento de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía de Santa Fe, solicitó informes a organismos nacionales como la Dirección Nacional de Migraciones, la CNRT, la Secretaría de Derechos Humanos y COELSA, y ordenó el análisis de perfiles y publicaciones en redes sociales. También recibió declaraciones testimoniales para identificar posibles domicilios o lugares de tránsito.