La iniciativa fue aprobada por 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones, luego de intensas negociaciones entre la Casa Rosada y gobernadores del norte del país, a quienes se les prometieron compensaciones energéticas vinculadas al consumo eléctrico.

El proyecto oficial restringe el beneficio pleno únicamente a la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna, mientras que las provincias incorporadas a la ampliación de 2021 perderían parte del subsidio universal. Entre las jurisdicciones afectadas aparecen Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y otras regiones que habían sido incluidas por criterios bioambientales.

Además, el nuevo esquema establece que solo podrán conservar el subsidio quienes estén inscriptos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), destinado a hogares vulnerables con ingresos inferiores a tres canastas básicas totales.

Según estimaciones oficiales, la reforma permitiría un ahorro fiscal superior a los $272.000 millones. Desde el Gobierno argumentaron que el Fondo Fiduciario que financia el sistema ya no alcanza para sostener el esquema vigente y defendieron una segmentación “más focalizada” de la asistencia energética.

El debate también expuso diferencias entre gobernadores. Mientras algunas provincias del norte acompañaron el proyecto tras negociar beneficios compensatorios, mandatarios como Martín Llaryora cuestionaron la medida y advirtieron sobre el impacto que tendrá en la clase media y los trabajadores.