Asimismo, expresó: "Mi mayor deseo es que esto sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados por un sistema que presume su culpabilidad y les obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional".
En el documento oficial, los jueces subrayaron que la propia administración reconocía una permanencia máxima de 163 días en España durante 2011, por debajo del umbral legal. También indicaron que en ese momento la cantante no tenía vínculos familiares directos en el país y que su actividad económica principal se desarrollaba fuera de territorio español.
Con esos elementos, concluyeron que "no ha quedado acreditado" que tuviera domicilio fiscal en España durante ese período y dispusieron la devolución total de las sumas abonadas, junto con costas e intereses.