En términos administrativos, la “desafectación” implica que los bienes dejan de estar asignados a un uso específico dentro del Estado. Este paso es previo a definir un nuevo destino, que puede incluir su venta, cesión o incorporación a proyectos públicos.
Por el momento, los inmuebles continuarán bajo custodia del Ejército hasta que el Estado nacional determine su uso definitivo. La medida se enmarca en una política de reorganización y aprovechamiento del patrimonio estatal.