La paralización de la Autovía 12 se consolidó como uno de los principales problemas de infraestructura en la capital correntina, afectando tanto la conectividad como la seguridad vial en uno de los accesos más transitados de la provincia.

Lo que fue concebido como una solución estructural para mejorar la circulación hoy presenta un escenario de abandono, atravesado por decisiones del Gobierno nacional que generaron un fuerte impacto en el desarrollo de la obra. El cambio en el esquema de financiamiento —con la propuesta de cancelar pagos mediante bonos— derivó en una crisis de confianza en el sector de la construcción.

Desde la Cámara de la Construcción de Corrientes, su presidente Gustavo Rosello advirtió que este mecanismo resulta inviable para sostener los trabajos. Según explicó, el sistema impide a las empresas cubrir costos operativos y cumplir con proveedores, lo que terminó por frenar la ejecución de los 13 kilómetros que conectan Santa Ana con Riachuelo.

A esto se suma el cambio en el origen de los fondos. Inicialmente, el proyecto contaba con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, pero la reconfiguración de prioridades a nivel nacional dejó la obra dependiendo exclusivamente del Tesoro, agravando su continuidad.

El contraste con las previsiones oficiales es marcado. A comienzos de año, desde la Dirección Nacional de Vialidad se había proyectado habilitar un tramo clave en el primer semestre de 2026, objetivo que hoy aparece lejano ante la falta de recursos y el deterioro progresivo de lo ya construido.

La preocupación también llegó al ámbito político. En el Senado provincial, el vicegobernador Pedro Braillard Poccard recibió a representantes del sector en busca de alternativas, mientras que en Diputados, la legisladora Sofía Brambilla insistió en la necesidad de respuestas urgentes, recordando que la paralización de la obra es un problema que atraviesa distintas gestiones.

Más allá del impacto inmediato, el conflicto deja una advertencia hacia el futuro: la incertidumbre sobre los pagos y el incumplimiento de contratos deterioran la confianza en el Estado como cliente, encareciendo o directamente poniendo en riesgo nuevas licitaciones.

Así, la Autovía 12 se convierte en un símbolo de la crisis de la obra pública a nivel nacional, con consecuencias directas para miles de correntinos que a diario dependen de una infraestructura que sigue sin completarse.