Política: La fiscalía pide controlar mas la casa donde CFK cumple prisión domiciliaria
26/03/2026
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Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al tribunal que supervisa la condena que le advierta que evite situaciones que alteren el orden público o la seguridad. Señalaron convocatorias y concentraciones registradas frente a San José 1111.
Los fiscales generales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al tribunal que controla el cumplimiento de la condena en la causa Vialidad que exhorte a la ex presidenta Cristina Kirchner a adoptar conductas destinadas a impedir episodios que puedan afectar el orden público y la seguridad.
Según el planteo del Ministerio Público Fiscal, algunas situaciones registradas frente a su domicilio no se ajustan a las condiciones fijadas para mantener el beneficio del arresto domiciliario.
El pedido fue presentado ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que supervisa la ejecución de la pena. Los fiscales señalaron que determinadas convocatorias y movilizaciones en las inmediaciones de la vivienda donde la ex mandataria cumple la condena, en el barrio porteño de Constitución, deberían ser evaluadas por el tribunal.
En particular, hicieron referencia a lo ocurrido el 24 de marzo, cuando militantes y vecinos se acercaron al domicilio de la expresidenta, en la calle San José al 1100. Para la fiscalía, ese tipo de concentraciones no debería repetirse porque podría entrar en conflicto con las reglas establecidas al concederse la modalidad de prisión domiciliaria.
Cristina Kirchner cumple la condena desde el 15 de junio del año pasado, cuando la Corte Suprema confirmó la sentencia dictada en la causa Vialidad. La resolución incluyó la pena de prisión, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de 685.000 millones de pesos, que debe ser afrontado en forma solidaria con otros condenados en el expediente por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
En el dictamen presentado ante el tribunal, Luciani y Mola recordaron que el 17 de junio de 2025 se resolvió concederle el beneficio de cumplir la pena bajo arresto domiciliario. Aquella decisión incluyó una serie de condiciones. Entre ellas, la obligación de “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.
Esa pauta, señalaron los fiscales, fue reiterada en los controles periódicos que el tribunal realiza sobre la ejecución de la pena. Las resoluciones de supervisión se dictaron el 17 de septiembre y el 17 de diciembre de 2025, y el 17 de marzo de este año. Hasta ahora, el TOF 2 consideró en general cumplidas las reglas, con excepción de una modificación adoptada el 19 de noviembre, cuando se detectó el ingreso de personas al domicilio sin requerimiento ni autorización previos.
Sin embargo, el Ministerio Público planteó que existen circunstancias que deben ser analizadas nuevamente. “Entendemos que, en cumplimiento de nuestro deber de velar por la legalidad del proceso, corresponde poner de manifiesto ciertas circunstancias que ameritan ser ponderadas por el Tribunal a los efectos de que, en lo sucesivo, no se desnaturalicen ni los fundamentos en virtud de los cuales el Tribunal en pleno concedió el arresto domiciliario”, sostuvieron en la presentación.
En ese marco, los fiscales señalaron que, según publicaciones difundidas en medios de comunicación y redes sociales abiertas, la convocatoria del 24 de marzo no habría sido completamente espontánea. “Siempre según las publicaciones difundidas en medios de comunicación y redes sociales abiertas al público, esa convocatoria no fue totalmente espontánea. Es decir, al menos en parte, no se trató de ciudadanos que motu proprio se autoconvocaron en el domicilio”, indicaron.
Para respaldar esa afirmación, acompañaron imágenes y registros de convocatorias realizadas por agrupaciones políticas a través de redes sociales. A su entender, ese punto cobra relevancia porque el tribunal tuvo en cuenta determinadas condiciones al momento de otorgar el arresto domiciliario.
A partir de lo ocurrido, la fiscalía planteó interrogantes sobre el contexto en el que se desarrollaron esas concentraciones. “Nos preguntamos y se cierne una legítima duda sobre si, bajo tales condiciones, las condiciones de seguridad sobre las que la propia defensa basó su solicitud de arresto domiciliario y el Tribunal ponderó al concederle un beneficio extraordinario, se encuentran completamente aseguradas, y cuál es el rol que, en ese marco, cabe a la propia condenada”, señalaron.
Los fiscales también pidieron que el tribunal analice con especial atención las imágenes, convocatorias y movilizaciones registradas. Según sostuvieron, esos episodios podrían haber generado tanto riesgos para la seguridad personal de la expresidenta como alteraciones en la dinámica del barrio donde se encuentra la vivienda.
En ese sentido, afirmaron que la situación “permite avizorar una alteración de la circulación y normal orden del barrio en el que se encuentra emplazada la vivienda, que, en suma, entra en contradicción con el núcleo de las resoluciones adoptadas por el Tribunal”.
Por último, el Ministerio Público solicitó que se exhorte formalmente a Cristina Kirchner a adoptar medidas para evitar que vuelvan a producirse episodios similares. En el escrito, pidieron que se la intime a que “en lo sucesivo adopte las medidas que estime corresponder a los efectos de evitar situaciones que alteren el orden público y la seguridad como las que han sido descriptas, bajo apercibimiento de serle revocado el beneficio concedido”.
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