Al cumplirse medio siglo del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la reconstrucción histórica permite comprender que la irrupción de la dictadura no fue un hecho aislado ni improvisado, sino el resultado de una planificación previa que se consolidó meses antes de la ruptura del orden constitucional.

Uno de los hitos clave fue el decreto firmado el 6 de octubre de 1975 por el entonces presidente interino Ítalo Luder, que habilitó a las Fuerzas Armadas a ejecutar operaciones para “aniquilar” la subversión en todo el territorio nacional. En la práctica, esa decisión trasladó el control de la estructura represiva del Estado a la conducción militar.

A partir de allí, se sucedieron normas, reglamentos y directivas —muchas de carácter secreto— que organizaron el despliegue represivo. En paralelo, las Fuerzas Armadas sostenían públicamente su supuesta neutralidad política, mientras avanzaban en el diseño de un esquema de control y persecución.

Entre las medidas adoptadas, se establecieron zonas prioritarias de intervención y se reformularon reglamentos militares que habilitaban el uso extremo de la violencia. También se definió que las personas consideradas “subversivas” no tendrían reconocimiento legal ni garantías básicas, evitando así cualquier encuadre en convenios internacionales como la Convención de Ginebra.

En ese contexto comenzaron a consolidarse los centros clandestinos de detención, denominados en documentos oficiales como “lugares de reunión de detenidos”. Estos espacios funcionaron por fuera de todo marco legal y se convirtieron en escenarios de interrogatorios bajo tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones.

Durante 1975 ya existían algunos centros operativos, pero tras el golpe su número se multiplicó en todo el país. Sitios como la ESMA, La Perla o la Mansión Seré se transformaron en símbolos del terrorismo de Estado.

El plan represivo también incluyó la coordinación de las distintas fuerzas. La Armada, por ejemplo, elaboró su propio protocolo operativo, mientras que el Ejército concentró tareas de inteligencia en estructuras como el Batallón 601, encargado de recolectar y procesar información sobre personas y organizaciones consideradas enemigas.

En ese esquema, los detenidos eran secuestrados sin orden judicial, incomunicados y puestos a disposición de mandos militares, sin posibilidad de defensa. Su destino quedaba sujeto a decisiones tomadas dentro de una estructura clandestina.

Finalmente, en la madrugada del 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas tomaron el poder. Los comandantes Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti encabezaron el inicio de un período que dejó una profunda huella en la historia del país.

A 50 años de aquel quiebre institucional, la memoria colectiva sigue siendo un pilar fundamental para reflexionar sobre el pasado, reconocer a las víctimas y reafirmar el compromiso con la democracia y los derechos humanos. Recordar no solo implica mirar hacia atrás, sino también sostener la importancia de que hechos como estos no se repitan.