Una fuerte crisis institucional atraviesa Chavarría, donde el Concejo Deliberante permanece sin actividad desde mediados de diciembre de 2025, en medio de una disputa política que ya llegó a la Justicia.

El conflicto enfrenta a la viceintendenta y presidenta del cuerpo, Rocío Pompeya Valenzuela, con un grupo de concejales que cuestiona la decisión de mantener cerrado el recinto y suspender las sesiones. La situación impacta directamente en el funcionamiento institucional del municipio, que actualmente opera sin su Poder Legislativo activo.

El origen del conflicto

Según la concejal Luciana Mazzoli, la crisis se desató durante la última sesión realizada el 15 de diciembre, cuando se debatía la designación de una nueva secretaria administrativa.

El planteo generó un fuerte cruce dentro del recinto. Mientras algunos ediles impulsaban la votación, la viceintendenta se opuso al nombramiento y, tras un intercambio, decidió retirarse de la sesión.

De acuerdo con el relato de Mazzoli, el resto del cuerpo continuó el encuentro bajo otra conducción y completó el tratamiento de los temas previstos. Sin embargo, ese episodio marcó el quiebre definitivo.

Concejo cerrado y sin convocatoria

Tras aquella jornada, el Concejo dejó de funcionar. Según denuncian los ediles, el recinto fue cerrado y no se volvieron a convocar sesiones, ni siquiera para la apertura del período ordinario prevista para el 1 de marzo.

“Concurrimos en los días y horarios habituales, pero el recinto sigue cerrado”, señalaron, en referencia a la falta de actividad legislativa durante el inicio de 2026.

Judicialización del conflicto

La disputa escaló al ámbito judicial con presentaciones cruzadas. Por un lado, la viceintendenta acudió al Superior Tribunal de Justicia de Corrientes con un planteo por “conflicto de poderes”, solicitando la nulidad de lo actuado en la sesión de diciembre.

Por otro, tres concejales iniciaron una denuncia penal en la ciudad de Mercedes por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Uno de los puntos en discusión es la interpretación de la Ley 6042 de municipios, especialmente en lo referido a si la medida judicial implica la suspensión total de las sesiones o solo de los actos vinculados al conflicto.

Un municipio sin equilibrio institucional

Mientras se aguardan definiciones judiciales, el escenario sigue sin resolverse. Según los concejales, el municipio funciona actualmente solo con el Poder Ejecutivo, encabezado por el intendente Roberto Dieringer, mientras que el Poder Legislativo permanece completamente paralizado.

La resolución del conflicto será clave para restablecer el funcionamiento institucional y evitar que la crisis política continúe profundizándose en la localidad.