El Gobierno nacional puso en marcha su estrategia legislativa de cara al inicio del período ordinario en el Congreso de la Nación Argentina, con una batería de proyectos que abarcan desde discapacidad hasta reformas en el Código Penal y la propiedad privada.
Tras una reunión de la mesa política, el oficialismo definió el temario que buscará impulsar en las próximas semanas y delegó en el ministro del Interior, Diego Santilli, la tarea de consolidar apoyos en las provincias.
Santilli encabezará una nueva serie de encuentros con gobernadores, replicando una metodología ya utilizada en debates clave: negociar previamente con los mandatarios para garantizar respaldo legislativo antes de que los proyectos lleguen al recinto.
Desde su desembarco en el Ministerio del Interior, el funcionario mantuvo reuniones tanto en la Casa Rosada como en distintos distritos del país, lo que permitió al oficialismo anticipar conflictos y ordenar las discusiones políticas.
En el Ejecutivo consideran que ese vínculo directo con los gobernadores fue determinante para sostener votaciones ajustadas en el Congreso.
En cada instancia de negociación, las provincias plantean una agenda similar: reactivación de la obra pública, cambios en el esquema de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y mayor previsibilidad en la transferencia de recursos.
También aparecen con fuerza los reclamos por deudas previsionales y financiamiento, temas que se incorporan a la discusión política que rodea cada proyecto.
El Gobierno mantiene una condición central en todas las negociaciones: preservar el equilibrio de las cuentas públicas. Ese criterio, impulsado por la administración de Javier Milei, actúa como filtro frente a los pedidos de las provincias.
En este esquema, las jurisdicciones alineadas o dialoguistas son las principales interlocutoras, mientras que distritos gobernados por el peronismo más duro quedan, por ahora, al margen de las negociaciones.
En la Casa Rosada destacan además que la participación de varios gobernadores en la “Argentina Week” en Nueva York evidencia que aún existe margen para construir acuerdos, incluso en un contexto de tensiones por recursos y distribución de fondos.
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