Además, el sistema incorporará cláusulas de permanencia mucho más estrictas: el abandono de los cursos implicará la pérdida automática y definitiva del beneficio. Aunque el monto específico de los vouchers aún está supeditado al costo de las capacitaciones y el número total de inscriptos, el objetivo es que el gasto público esté vinculado a resultados concretos de inserción.
Desde el Ejecutivo reconocieron que no todos los beneficiarios actuales migrarán al nuevo sistema: argumentaron que el subsidio de $78.000 no cubría las necesidades básicas y que gran parte de los titulares ya se desempeña en el mercado informal. Bajo esta lógica, la medida busca profesionalizar a quienes deseen reinsertarse dejando de lado el esquema de ingresos por uno basado en la formación técnica.