El Gobierno nacional ratificó que se mantendrá al margen de la causa vinculada a la criptomoneda $LIBRA, pese a la aparición de nuevas revelaciones que salpican a integrantes del Gabinete y reactivan la presión política en el Congreso.

Según fuentes oficiales, no está prevista ninguna medida desde el Poder Ejecutivo, mientras avanzan pedidos de informes impulsados por la oposición. La postura alcanza tanto al presidente Javier Milei como a su entorno, en un contexto de creciente tensión institucional.

En los últimos días, el caso volvió al centro de la escena tras la difusión de un supuesto contrato que indicaría un pago millonario al mandatario por promocionar la criptomoneda. A esto se sumaron presuntos chats entre la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el operador cripto Mauricio Novelli, uno de los principales investigados.

Desde el Ejecutivo minimizaron el impacto de estas filtraciones y señalaron que algunas de las conversaciones difundidas, incluso aquellas que involucraban al propio Presidente, resultaron ser falsas.

Sin embargo, la divulgación de material sensible generó malestar en el oficialismo. En ese marco, la Procuración General de la Nación, encabezada por Eduardo Casal, inició una investigación interna para determinar el origen de las filtraciones.

Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, aclaró que la denuncia no fue impulsada por el Gobierno y remarcó que la cartera no intervendrá en la causa. “El Ministerio está totalmente al margen porque no se mete en expedientes en trámite”, indicaron desde el entorno oficial.

En la misma línea, la Procuración del Tesoro —organismo encargado de defender al Estado— también descartó cualquier tipo de acción, al sostener que no tiene vinculación con el caso.

Mientras tanto, en el Congreso, la comisión investigadora avanza con nuevas medidas y prevé solicitar explicaciones a funcionarios como Karina Milei, Santiago Caputo y Demian Reidel.

El eje de la investigación sigue puesto en las comunicaciones del mandatario con los desarrolladores del token y en el presunto uso de su investidura para promocionar el activo digital. La causa, que se remonta a 2025, indaga un posible esquema de estafa que habría provocado pérdidas millonarias a inversores.

Por ahora, el Gobierno sostiene su estrategia de no involucrarse directamente, mientras el conflicto escala en el plano judicial y político.