La caída de la recaudación fiscal comenzó a generar preocupación tanto en el Gobierno nacional como en las provincias, ya que en los primeros dos meses de 2026 los distritos dejaron de recibir cerca de un billón de pesos en concepto de coparticipación.

Según un informe elaborado por el diputado nacional Guillermo Michel, la recaudación total en enero y febrero alcanzó los 34,56 billones de pesos. De ese total, el 37% —equivalente a 12,9 billones— quedó en la Administración Nacional, mientras que el 32%, unos 11,1 billones de pesos, fue distribuido entre las provincias.

En tanto, las contribuciones destinadas a la Seguridad Social representaron el 27% de los recursos, con 9,3 billones de pesos, y otros destinos no presupuestarios concentraron el 3%, alrededor de un billón de pesos.

El informe advierte que la recaudación registró una caída real del 7,6% en enero y del 9,7% en febrero. Esa disminución impactó directamente en los recursos que reciben las provincias, que en conjunto perdieron 964.619 millones de pesos por coparticipación durante el primer bimestre del año.

Entre las jurisdicciones más afectadas aparece la provincia de Buenos Aires, con una pérdida estimada en 204.499 millones de pesos. Le siguen Santa Fe, con una merma de 82.967 millones, y Córdoba, con 81.028 millones.

El escenario genera preocupación en el equipo económico nacional, que considera que la solidez de las cuentas públicas es clave para enfrentar posibles turbulencias económicas internacionales, especialmente en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas.

Además, el Gobierno tiene el compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional de avanzar con una reforma tributaria durante este año. Uno de los ejes de esa iniciativa apunta a eliminar o reducir impuestos considerados distorsivos, entre ellos Ingresos Brutos, el principal tributo provincial.

Sin embargo, la caída de los recursos coparticipables podría complicar ese objetivo, ya que las provincias dependen en gran medida de esos ingresos para sostener sus cuentas públicas. En ese contexto, lograr un acuerdo con los gobernadores para modificar el esquema tributario aparece como uno de los principales desafíos económicos del año.