El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a reclamar públicamente que los empresarios se sumen al Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), incluido en la reforma laboral aprobada la semana pasada en el Congreso. Según sostuvo, gran parte del sector privado aún desconoce los alcances de la iniciativa, que contempla una fuerte reducción de cargas patronales para nuevos empleos.

El esquema prevé que los aportes previsionales, asignaciones familiares y contribuciones al fondo de empleo se reduzcan al 2% durante un período de 48 meses. De acuerdo con el funcionario, antes los empleadores abonaban entre 17 y 20 puntos porcentuales, por lo que la baja implica —según su cálculo— una reducción cercana al 85%.

Caputo también destacó otros dos ejes de la reforma: la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que permitiría a las empresas constituir reservas para eventuales indemnizaciones, y una mayor previsibilidad en los costos de despido. En su exposición durante un evento de la Fundación Mediterránea en Córdoba, sostuvo que el nuevo esquema busca eliminar distorsiones del mercado laboral y brindar mayor claridad a los empleadores.

Reclamo público y falta de reglamentación

Días después de la sanción legislativa, el titular del Palacio de Hacienda había manifestado en redes sociales su sorpresa por la escasa reacción de cámaras empresarias ante el nuevo régimen. En sus últimas intervenciones reiteró que la falta de difusión podría limitar el impacto inmediato de la medida sobre el empleo formal.

Sin embargo, la reforma aún no fue reglamentada y no se precisó cuándo se publicarán los detalles operativos en el Boletín Oficial. Esa indefinición genera incertidumbre en el sector privado, que aguarda precisiones sobre la implementación concreta de los instrumentos previstos.

Debate entre especialistas

Desde el ámbito empresario y académico surgen miradas diversas sobre el alcance del incentivo. Algunas voces señalan que la reducción de cargas, por sí sola, no alcanza para persuadir a micro y pequeñas empresas —que concentran buena parte de la informalidad— a ingresar al mercado formal.

La asesora laboral Silvina Scarimbolo remarcó que la formalización requiere también políticas de capacitación y acceso al crédito tanto para empleadores como para trabajadores. En esa línea, advirtió que sin mejoras en la formación educativa y herramientas financieras, el efecto podría ser limitado.

En cambio, el abogado laboralista Pablo Mastromarino consideró que el régimen puede despertar interés en determinados casos, aunque aclaró que el nivel general de empleo depende principalmente del crecimiento de la actividad económica.

Expectativa oficial

Desde el Gobierno sostienen que la combinación de menores cargas patronales, mayor previsibilidad en los costos laborales y nuevos instrumentos financieros constituye un incentivo suficiente para promover el empleo registrado. No obstante, reconocen que la falta de información y la demora en la reglamentación podrían atenuar el impacto inicial.

Mientras se aguardan definiciones formales, el debate continúa abierto sobre si la baja de aportes patronales será suficiente para revertir los niveles de informalidad o si será necesario complementarla con políticas adicionales para generar un cambio estructural en el mercado laboral argentino.