Según la denuncia inicial, el monto no ingresado era de $7.593.903.512,23, pero luego se sumaron otros $11.759.643.331,62, llevando el total investigado a más de $19.300 millones.
ARCA sostuvo que las maniobras encuadran en el delito de omisión por parte de un agente de retención. “Los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención, por lo que su no ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos”, argumentó el organismo.
Desde el punto de vista penal, la figura prevé penas de dos a seis años de prisión para el agente de retención que no deposite, total o parcialmente, dentro de los 30 días corridos del vencimiento, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado supere los $100.000 por mes.
Qué pruebas complican a Tapia y la AFA
Para fundamentar el llamado a indagatoria, el juez Amarante valoró un informe técnico que detalla el movimiento de fondos de la AFA. Según ese documento, en diciembre de 2024 la entidad registró acreditaciones por más de $45.072 millones y durante 2025 los ingresos superaron los $453.449 millones. Además, en ambos años se constituyeron varios plazos fijos en pesos y dólares.
Entre las pruebas incorporadas figuran informes bancarios que muestran acreditaciones en cuentas de la AFA y la constitución de depósitos a plazo por sumas significativas.