El pleno del Senado de la Nación Argentina celebrará hoy una nueva sesión extraordinaria con un temario de alto impacto político y económico. Entre los puntos centrales figuran la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y la modificación de la Ley de Glaciares, que en caso de ser aprobada deberá pasar luego a la Cámara de Diputados.

La sesión comenzará con el tratamiento del pliego que propone al exdiputado Fernando Iglesias como embajador político argentino en Bélgica y ante la Unión Europea. No se descarta que antes surjan cuestiones de privilegio impulsadas por la oposición.

Un debate ambiental con final abierto

El proyecto que introduce cambios en la Ley de Glaciares es el que presenta mayor incertidumbre. Aunque cuenta con dictamen de mayoría firmado en diciembre, distintos bloques anticiparon posturas divididas, lo que podría derivar en una votación ajustada.

Uno de los artículos más discutidos es el que habilita a cada provincia a designar la autoridad de aplicación encargada de identificar glaciares y zonas periglaciares en su territorio, basándose en criterios técnico-científicos y en su función como reserva estratégica de recursos hídricos.

Desde el oficialismo sostienen que los recursos naturales pertenecen a las provincias y que la norma respeta ese principio. En cambio, sectores ambientalistas advierten sobre el poder que podrían tener los gobernadores frente a intereses empresariales y señalan posibles contradicciones con compromisos asumidos en el acuerdo birregional.

Ante un eventual empate, la definición podría recaer en la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, siempre que esté presente en el recinto.

El acuerdo Mercosur-UE, con aval asegurado

A diferencia de la ley ambiental, el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea no admite modificaciones: debe aprobarse o rechazarse en bloque. El oficialismo impulsa su sanción con el objetivo de que Argentina sea el primer país del bloque regional en ratificarlo parlamentariamente.

El convenio contempla una dimensión política y otra económica. Mientras la parte institucional permanece bajo revisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Consejo Europeo ya cuenta con facultades delegadas para avanzar en aspectos comerciales con los países que lo aprueben, como la asignación de cuotas de exportación, entre ellas las de carne.

Brasil y Uruguay también enviaron el tratado a sus respectivos congresos y buscan acelerar la validación para posicionarse estratégicamente en el nuevo esquema de integración.