En medio del anuncio de un paro de todas las categorías dispuesto por la Asociación del Fútbol Argentino para la próxima semana, el Gobierno optó por el bajo perfil. La medida coincide con las citaciones a declaración indagatoria del presidente de la entidad, Claudio Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino.

Desde la Casa Rosada evitaron pronunciamientos directos y remarcaron que se trata de un tema que compete a la AFA y a la Justicia. Sin embargo, puertas adentro ratificaron que no habrá marcha atrás en la ofensiva legal iniciada meses atrás.

La vía judicial sigue su curso

Uno de los ejes centrales del conflicto es el accionar de la Inspección General de Justicia (IGJ), que había solicitado documentación adicional tanto a la AFA como a la Superliga. Mientras esta última cumplió con el requerimiento, la jornada cerró sin novedades por parte de la casa madre del fútbol argentino. De no concretarse la presentación, podrían activarse nuevas medidas.

El titular de la IGJ, Daniel Roque Vítolo, sostuvo públicamente que la entidad debe brindar explicaciones sobre el uso de fondos, el cumplimiento de sus objetivos como asociación civil y sus vínculos con otras organizaciones.

En paralelo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene su rol de querellante en la causa que investiga presuntas irregularidades tributarias. La denuncia original incluyó supuestas retenciones indebidas de aportes, y posteriormente se sumó una presentación vinculada al presunto uso de facturas apócrifas por un monto superior a los 376 millones de pesos, cifra que podría ampliarse.

La causa está a cargo del juez en lo penal económico Diego Amarante, quien citó a Tapia y Toviggino a prestar declaración.

Estrategia política: evitar el choque discursivo

Aunque el Ejecutivo insiste en que continuará “a fondo” con las acciones legales, eligió no confrontar en el plano mediático. En el oficialismo consideran que una declaración política podría derivar en reclamos ante organismos deportivos internacionales.

Mientras tanto, el paro anunciado impactará en la novena fecha del torneo local y generó reacciones dentro del ambiente futbolístico. En el Gobierno sostienen que el conflicto expone tensiones internas en la estructura del fútbol argentino, pero reiteran que será la Justicia la que determine responsabilidades.

Así, el escenario combina prudencia discursiva con firmeza en el frente judicial, en un conflicto que suma capítulos y mantiene en vilo al deporte más popular del país.