En plena discusión por la reforma de la legislación ambiental, activistas de Greenpeace realizaron una intervención frente al Congreso con un mensaje contundente: “El agua es un derecho, no se negocia”. La acción incluyó el despliegue de un cartel de 50 metros y se dio en el marco del debate sobre posibles modificaciones a la Ley de Glaciares durante el período de sesiones extraordinarias.

Desde la organización alertaron que la decisión que adopte el Parlamento será determinante para el futuro hídrico del país. “Reducir los estándares actuales sería un retroceso que compromete el acceso al agua de más de 7 millones de argentinos”, sostuvo Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina.

Una norma bajo debate

La Ley 26.639 establece presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglacial, declarando a estos ecosistemas bienes públicos y reservas estratégicas de agua dulce.

El proyecto en análisis propone, entre otros puntos, que sean las provincias las que definan qué glaciares cumplen una “función hídrica demostrable” y, por lo tanto, merecen protección. Para Greenpeace, esta delegación fragmentaría el criterio de resguardo de un sistema que no reconoce límites políticos y abriría la puerta a decisiones influenciadas por intereses económicos inmediatos.

Según la organización, la iniciativa podría entrar en tensión con la Ley General del Ambiente, el Acuerdo de Escazú y el artículo 41 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a un ambiente sano.

Seguridad hídrica en riesgo

Argentina cuenta con más de 16.000 glaciares inventariados en la cordillera de los Andes. En regiones áridas, estas reservas constituyen una fuente esencial de agua para el consumo humano, la agricultura y el turismo. Además, el ambiente periglacial —que incluye suelos congelados y glaciares de escombros— cumple un rol clave en la regulación y almacenamiento hídrico, especialmente en períodos de sequía.

Desde Greenpeace sostienen que debilitar la ley vigente aumentaría la vulnerabilidad climática y económica de las comunidades, en un contexto global donde los últimos años se consolidaron entre los más cálidos registrados.

“Proteger los glaciares no es frenar el desarrollo, sino garantizar que exista agua para sostenerlo”, afirmó Rossi Serra, quien advirtió que lo que se resuelva en el Congreso en las próximas semanas tendrá impacto directo en las generaciones actuales y futuras.