El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) manifestó su preocupación por la situación de los derechos de mujeres y diversidades en Argentina, al analizar el impacto de las políticas públicas vinculadas a violencia de género, salud sexual y reproductiva, sistemas de cuidado y protección de personas con orientaciones sexuales e identidades diversas.

Durante el intercambio, el Comité observó con inquietud el giro institucional tras la eliminación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, la reducción de programas específicos y la quita de partidas destinadas a prevenir y erradicar la violencia de género. La delegación argentina, sin embargo, rechazó que existan retrocesos.

En contraposición, organizaciones de la sociedad civil como Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Campaña GQUAL, REDI, FAICA, CLADEM y la Asociación por los Derechos Civiles advirtieron sobre el desmantelamiento de políticas públicas, el vaciamiento institucional y el fuerte ajuste presupuestario que, sostienen, limita el derecho a una vida libre de violencia.

Desde ELA señalaron que, desde fines de 2023, el Estado nacional habría abandonado su rol de garante de derechos mínimos. Cuestionaron la ausencia de un Plan Nacional de Acción contra la violencia de género y la eliminación de programas de asistencia económica y legal, en un contexto donde —según datos expuestos— la mayoría de las víctimas de femicidio conocía a su agresor.

Aborto, salud sexual y ESI

En el debate, la representación oficial sostuvo que el derecho al aborto no está expresamente consagrado en el derecho internacional y afirmó que la salud sexual y reproductiva es competencia exclusiva de las provincias. Desde el CELS respondieron que el Estado nacional habría desarticulado su función rectora al frenar la distribución de insumos y anticonceptivos, profundizando desigualdades territoriales.

Organizaciones que trabajan con personas con discapacidad alertaron además sobre barreras de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, falta de infraestructura accesible y situaciones de prácticas médicas sin consentimiento.

En cuanto a la Educación Sexual Integral (ESI), la delegación negó que exista un derecho exigible a nivel internacional y planteó que la educación corresponde prioritariamente a las familias. Desde Amnistía remarcaron que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho y que su acceso a información y salud no puede depender exclusivamente del entorno familiar.

El Comité también consultó por la continuidad del Plan ENIA para prevenir el embarazo adolescente. Según expusieron organizaciones civiles, en provincias priorizadas como Formosa y Chaco se habían registrado descensos significativos tras su implementación, especialmente en regiones del NOA y NEA donde históricamente las tasas eran más elevadas.

Paridad y representación

En materia de participación política, la delegación oficial cuestionó las medidas especiales como las leyes de cupo. La presidenta del Comité, Nahla Haidar, recordó que este tipo de herramientas son consideradas necesarias para acelerar la igualdad real.

Desde la Campaña GQUAL señalaron que en más de 160 años solo tres mujeres integraron la Corte Suprema argentina, reflejando —según plantearon— un persistente techo de cristal en los espacios de decisión, tanto a nivel nacional como internacional.

Trabajo, cuidados y ambiente

Organizaciones como CLADEM advirtieron sobre el impacto diferenciado de la precarización laboral y la pobreza en las mujeres, así como sobre los posibles efectos de una eventual reforma laboral. También denunciaron el desmantelamiento de políticas nacionales de cuidado y la paralización de infraestructura clave, lo que —afirman— incrementa la sobrecarga de trabajo no remunerado y limita la autonomía económica.

Finalmente, se cuestionó la orientación ambiental del Estado por el debilitamiento de políticas de protección de bosques y glaciares y el recorte en prevención de incendios, con impacto particular en mujeres indígenas, rurales y migrantes.

En este contexto, las organizaciones instaron al Estado argentino a cumplir con sus obligaciones internacionales en el marco de la Convención CEDAW y a revertir las medidas adoptadas desde fines de 2023. El Comité continuará evaluando la situación y emitirá sus recomendaciones finales en las próximas semanas