La investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó un fuerte impacto visual: el juez federal Sebastián Casanello incluyó en su resolución las fotografías del dinero en efectivo secuestrado durante un allanamiento, como parte del procesamiento de 19 personas vinculadas a la causa.

El efectivo fue hallado en el departamento de Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía, quien fue procesada por su presunta participación en una red de maniobras ilícitas encabezada por su padre, el empresario Miguel Ángel Calvete, y por el exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo. Según el fallo, en un cajón del vestidor se encontraron 695.457 dólares, 19.996.200 pesos y 1.960 euros, cuyo origen estaría relacionado con los hechos investigados.

El procedimiento fue realizado por la Policía Federal en una torre de lujo ubicada en las inmediaciones de Puerto Madero, tras una serie de medidas ordenadas por el magistrado a pedido del fiscal Franco Picardi. Para los investigadores, el dinero constituiría parte de la ganancia ilícita generada por un esquema de sobreprecios y pagos indebidos dentro del organismo estatal.

Casanello consideró que Ornella Calvete no solo conocía las operaciones de su padre, sino que colaboraba activamente en la gestión y resguardo de los fondos, lo que la ubica como integrante de una presunta asociación ilícita. En ese marco, el efectivo secuestrado fue calificado como un indicio relevante de ilegalidad, al tratarse de dinero físico destinado a evitar la trazabilidad financiera.

La exfuncionaria fue procesada sin prisión preventiva por negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada contra la administración pública e incumplimiento de deberes, y se dispuso un embargo superior a los 94 mil millones de pesos sobre sus bienes. Su padre, en tanto, enfrenta cargos aún más graves, entre ellos asociación ilícita en carácter de jefe, con un embargo que supera los 203 mil millones.

En total, el fallo procesó a 19 imputados y dejó abierta la posibilidad de nuevas imputaciones, al advertir que el entramado delictivo detectado podría abarcar otros hechos aún no esclarecidos.