También señaló que la AFA adeuda información desde 2017 por inconsistencias en los estados contables. “Han colocado en una serie de partidas globales sumas ideales sin abrirlas”, sostuvo. Según el titular de la IGJ, la organización tampoco respondió los pedidos de aclaración sobre el destino de esos fondos observados.
Para Vitolo, la AFA intenta iniciar una nueva etapa en la provincia de Buenos Aires sin saldar las objeciones acumuladas. Marcó que eso no será posible mientras no se cumplan las exigencias vigentes. “No vamos a permitir que se vaya de la jurisdicción sin explicar esto”, advirtió. Agregó incluso que la AFA realizó asambleas fuera de la jurisdicción porteña y declaró públicamente que ya está bajo la fiscalización bonaerense, algo que, según afirmó, “legalmente no es posible”.
Al analizar los escenarios legales, Vitolo enumeró tres caminos posibles para una eventual intervención. El primero depende de la IGJ y solo podría activarse ante una violación grave de la ley, el estatuto o el reglamento. En tal caso, el organismo podría recomendar una intervención al ministro de Justicia, aunque el funcionario reiteró que esa alternativa no está en evaluación.
El segundo ámbito es el penal: un juez podría ordenar medidas para proteger bienes o pruebas en investigaciones por lavado de dinero.
El tercero corresponde a la Justicia Civil Ordinaria de la Capital Federal, donde un club afiliado puede reclamar una intervención judicial si considera que la institución está en riesgo. Las medidas van desde la designación de un veedor hasta la remoción de autoridades.