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La iniciativa obtuvo 237 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones, luego de que el oficialismo aceptara modificaciones reclamadas por otros bloques. El texto establece garantías de financiamiento, cobertura sanitaria y pago de deudas a prestadores.
La Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción a un nuevo proyecto de ley de discapacidad, con 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones. La aprobación se concretó durante la madrugada del jueves 22 de octubre, después de una extensa sesión parlamentaria en la que La Libertad Avanza aceptó cambios propuestos por bloques opositores y aliados. La iniciativa deberá ser tratada ahora por el Senado.
Las modificaciones surgieron de las negociaciones con distintos espacios políticos, entre ellos Argentina Federal, cuyo titular, el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, reclamó mayores precisiones para garantizar previsibilidad en la aplicación de la norma.
Uno de los principales cambios fue incorporar garantías presupuestarias para sostener el sistema de atención a las personas con discapacidad. El texto establece que las leyes de presupuesto deberán prever recursos suficientes para asegurar su financiamiento y contempla mecanismos para cubrir las necesidades que excedan las partidas inicialmente disponibles.
La iniciativa incorpora disposiciones vinculadas con las pensiones por discapacidad, la cobertura de salud y las prestaciones. Entre los puntos acordados se encuentran la definición de requisitos para acceder a las pensiones, la continuidad de la cobertura sanitaria y la compatibilidad entre una pensión y un empleo formal, bajo las condiciones previstas en la norma.
También contempla la actualización de los aranceles de las prestaciones y establece plazos para regularizar deudas con prestadores. Según el texto informado durante el debate, la autoridad competente deberá comunicar un cronograma de pagos en un plazo de 30 días corridos y cancelar las deudas alcanzadas por el régimen dentro de los 90 días corridos.
El proyecto busca establecer un marco permanente para el sistema de atención, en lugar de prorrogar la emergencia en discapacidad. Esa diferencia fue uno de los principales puntos de discusión entre el oficialismo y los sectores que reclamaban extender la legislación de emergencia.
El acompañamiento se alcanzó después de que el oficialismo aceptara modificaciones reclamadas por distintos bloques. Durante el debate, Herrera Ahuad sostuvo que el texto inicial necesitaba mayores certezas para evitar interpretaciones ambiguas y dar previsibilidad a beneficiarios y prestadores.
Desde La Libertad Avanza, la diputada Laura Rodríguez Machado destacó los acuerdos alcanzados y defendió la necesidad de establecer reglas permanentes para el sistema. Otros sectores opositores acompañaron el texto consensuado, aunque mantuvieron sus diferencias respecto de la decisión de no prorrogar formalmente la emergencia.
La iniciativa obtuvo así un respaldo amplio en Diputados, pero todavía necesita la aprobación del Senado para convertirse en ley.
En la misma sesión, la Cámara baja resolvió devolver a comisión el proyecto oficialista sobre endeudamiento familiar. La moción obtuvo 121 votos afirmativos, 117 negativos y cinco abstenciones, luego de que el oficialismo no consiguiera los apoyos necesarios para avanzar con el tratamiento de la propuesta.
El expediente regresó a las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, sin una fecha definida para volver al recinto. La decisión se tomó durante la madrugada, tras más de 15 horas de debate parlamentario.
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