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La Justicia limitó las protestas frente a la casa de los dueños, mientras crece el reclamo de trabajadores que denuncian falta de pago y una crisis social en aumento.
El conflicto por el cierre de la textil Emilio Alal sumó un nuevo capítulo en Goya, donde la Justicia dictó una restricción perimetral contra un grupo de ex empleados que encabezaban protestas frente al domicilio de los propietarios.
La medida establece una prohibición de acercamiento de 200 metros durante 180 días para al menos una docena de despedidos, en su mayoría delegados sindicales. El pedido fue impulsado por los dueños de la firma, quienes argumentaron presuntos hechos de vandalismo, acusaciones que los trabajadores rechazan de plano.
El trasfondo del conflicto es crítico: alrededor de 260 familias quedaron sin ingresos tras el cierre de la planta el pasado 28 de enero. Según denuncian, la empresa cesó sus actividades sin previo aviso y sin abonar indemnizaciones ni salarios adeudados.
La situación económica de los afectados es cada vez más compleja. Muchos de los trabajadores cuentan con más de 20 años de antigüedad y enfrentan serias dificultades para reinsertarse laboralmente. En este contexto, la asistencia de la comunidad —a través de iglesias, comerciantes y vecinos— se volvió clave para sostener ollas populares y cubrir necesidades básicas.
Pese a la restricción judicial, las manifestaciones continúan bajo otras modalidades, como caravanas y movilizaciones en distintos puntos de la ciudad. Los despedidos sostienen que la medida no resuelve el problema de fondo y aseguran que seguirán reclamando el pago de lo adeudado.
Además, crece la preocupación ante versiones que indican que la empresa podría retomar la actividad con nuevo personal. Para los ex trabajadores, esta posibilidad profundiza el conflicto, al interpretar que se busca reemplazar a empleados con mayor antigüedad para reducir costos.
En una ciudad donde el impacto del cierre se siente con fuerza, el conflicto ya excede a los afectados directos y refleja un malestar social en aumento. Mientras la causa judicial avanza sin definiciones concretas, los despedidos insisten en mantener visible su reclamo: cobrar lo trabajado durante años.
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